De Uruk a Sagunto

Movimientos migratorios, economia y empleo


Un nigeriano entrega a la policía una cartera con 2.700 euros

El joven encontró la cartera en la rotonda de la Carretera de la Esclusa, donde vende pañuelos. La policía ya ha localizado a la persona que la había extraviado.

Efe, Sevilla | Actualizado 13.08.2008 - 14:28

Dom Amby O.K, inmigrante nigeriano de 24 años de edad que vende pañuelos en un semáforo, ha entregado a la Policía Nacional una cartera que había encontrado en la vía pública, que contenía 2.700 euros en efectivo, un cheque por valor de 870 euros, un talonario de cheques y diversa documentación.

El joven requirió la atención de varios miembros del Cuerpo Nacional de Policía de la Brigada de Seguridad Ciudadana, y les entregó una cartera de piel marrón que había encontrado momentos antes en la rotonda de la Carretera de la Esclusa, lugar donde vende pañuelos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

La Policía inició las gestiones en base a la documentación empresarial y personal que portaba la cartera, localizando tanto a la empresa como a la persona que la había extraviado, Fernando P.G, nacido en Sevilla y de 68 años.

La Comisaría del Distrito de Triana-Los Remedios hizo entrega de lo recuperado a su dueño, quien dijo haber extraviado la cartera esta misma mañana, probablemente cuando circulaba en moto por la Carretera de la Esclusa, de vuelta de realizar unas gestiones.

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La UE cierra el paso a los 'sin papeles'

- La Eurocámara aprueba la directiva de retorno con la división de los socialistas - Países latinoamericanos y ONG rechazan la norma contra la inmigración ilegal
ANDREU MISSÉ - Estrasburgo - 19/06/2008 (El País)

La directiva que permite mantener detenidos a los inmigrantes sin papeles durante 18 meses superó ayer el último trámite al ser aprobada por una aplastante mayoría en el Parlamento Europeo, que no aceptó ni una sola enmienda. El texto, que también autoriza a enviar a menores a países distintos de los de origen, fue aprobado por 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones.

A los grupos de la derecha -Partido Popular Europeo, que aportó 217 votos, y la Europa de las Naciones, 40- se unieron 57 votos de los liberales y 34 de los socialistas, 16 de ellos españoles. Los votos contra la directiva, que impide a los expulsados volver a entrar a la UE en cinco años, llegaron de las filas socialistas (100 papeletas), de la Unión de la Izquierda Europea (37) y de Los Verdes (36).

La votación despertó una inmediata reacción de repulsa en las repúblicas latinoamericanas y las organizaciones humanitarias.

Tras conocer el resultado de la votación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, propuso crear un frente latinoamericano para protestar contra la directiva de retorno, que calificó como "directiva de la vergüenza", tal como la vienen definiendo las ONG europeas. "Esperamos dar una respuesta común con los diferentes países de América Latina", dijo Correa a la televisión Canal Uno. "Unidos seremos mucho más fuertes y podremos exigir mejor nuestros derechos", añadió.

Por su parte, Paraguay ha anunciado su intención de plantear en la cumbre de jefes de Estado de Mercosur del 1 de julio que se rechace la directiva. El ministro de Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, ha dado instrucciones para presentar una declaración en Mercosur que "se pronuncie con nitidez" sobre el texto, informa Efe.

También el mundo católico, que antes de la votación había enviado varios mensajes a los eurodiputados, ha expresado su malestar. Agostino Marchetto, secretario del Consejo Pontificio para los emigrantes, dijo: "No debemos criminalizar a los inmigrantes a ningún precio". "Los ciudadanos de terceros países, tanto como los ciudadanos comunitarios, no deberían ser privados de libertad personal o sujetos a penas de detención a causa de infracciones de tipo administrativo", insistió.

Amnistía Internacional lanzó también ayer una declaración en la que afirmó que "el nuevo texto aprobado por el Parlamento Europeo no garantiza el retorno de los inmigrantes en condiciones de seguridad y dignidad. La directiva establece un ejemplo extremadamente malo".

La división del grupo socialista y el apoyo masivo de los liberales reflejó la fuerte presión que han ejercido los Gobiernos sobre los eurodiputados, especialmente de los partidos que están en el poder. Los parlamentarios fueron conminados seriamente a que apoyaran el texto aprobado por el Consejo el pasado día 5.

De los 34 votos socialistas a favor de la directiva, que no garantiza el control judicial de los detenidos en el plazo de 72 horas, 16 son españoles. Sólo el ex presidente del Europarlamento Josep Borrell y el ex líder de los socialistas catalanes Raimon Obiols votaron en contra, como la mayoría de sus compañeros europeos. El diputado Martí Grau se abstuvo. Una docena de socialistas alemanes también votó a favor y muchos laboristas británicos se abstuvieron.

La directiva podrá ser aplicada a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que, según la Comisión Europea, se encuentran en Europa. Más de 200.000 fueron detenidos en el primer semestre de 2007, de los que menos de 90.000 fueron expulsados.

El eurodiputado socialista español Javier Moreno justificó el apoyo al texto señalando que la directiva de retorno "sienta las primeras bases de un marco europeo común para la gestión de la inmigración irregular". "Los socialistas españoles en el Parlamento Europeo", dijo, "hemos intentado hacer de la propuesta del Consejo un texto más garantista, acercándolo al máximo a las legislaciones europeas más avanzadas. Con nuestro empeño, los socialistas hemos logrado la asistencia jurídica gratuita a los inmigrantes".

Sin embargo, Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, expresó su preocupación porque "la directiva permitirá deportar a ocho millones de inmigrantes sin garantías". "Hoy ha sido un día negro para Europa", dijo. "Esto nos retrotrae a la época en la que en España se podía detener sin contar con la orden de un juez".

Martine Roure, la eurodiputada socialista ponente en la sombra, expresó su preocupación porque la directiva "se aplica a personas que ya están instaladas aquí, que tienen sus hijos, que pagan sus impuestos". Roure subrayó su inquietud "por la situación de los niños que pueden ser enviados a países distintos de los de su origen sin garantías".

La eurodiputada liberal Jeanine Hennis-Plasschaert, portavoz de su grupo para temas de inmigración, manifestó que "la política de retorno no debe ser considerada de manera aislada". Precisó que "debería ser vista como un paquete integral y necesario de inmigración, incluyendo el asilo e inmigración legal. Si queremos impulsar en Europa una estrategia de inmigración, necesitamos simplemente una efectiva, aunque justa y transparente, política de retorno".

Giusto Catania, de la Unión de la Izquierda Europea, censuró las presiones de urgencia efectuadas por los Estados "para poder desbloquear los casi 700 millones de euros, que ahora con la aprobación de la directiva quedarán disponibles para expulsar inmigrantes".

Medidas polémicas
- Los sin papeles podrán ser internados seis meses antes de su expulsión. El periodo puede extenderse otros 12 meses si el inmigrante no coopera en su identificación.

- Los expulsados no podrán volver a la UE en cinco años.

- Los menores no acompañados podrán ser entregados a tutores que no sean familiares directos.

- Se concede ayuda gratuita para apelar contra las decisiones de expulsión.

- La norma no afecta a Irlanda y Reino Unido. Dinamarca lo decidirá dentro de seis meses.

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MANFRED WEBER Diputado del PPE y ponente de la directiva: "El Gobierno socialista español presionó para endurecer la ley"
El Ministerio del Interior niega que el Gobierno Español presionase para endurecer la norma, pero lo votado por 16 de los/as 19 eurodiputados/as socialistas españoles/as parece darle la razón a Weber.

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La inmigración es ya un desafío estructural

Hoy la sociedad percibe más la inmigración y sus efectos en su integración que la oportunidad positiva que significa y en la consiguiente aportación que hace al aumento de la riqueza. La percepción social real de la inmigración se palpa en el barrio y en la fábrica o en la oficina.

Francesc Castellana. La Factoría nº 34. Septiembre-Diciembre 2007

En el barrio la voluntad de integración, hoy por hoy, es mayoritaria y la ejerce casi toda la población, tanto la autóctona como la recién llegada; expresión positiva frente a manifestaciones negativas también existentes, minoritarias, de personas que siendo del país, quieren excluir a los que no lo son y de otros recién llegados, que en vez de integrarse, se autoexcluyen de la vida social y, por tanto, de la convivencia, manteniendo sólo sus pautas culturales y sociales de origen.

En el trabajo, la entrada siempre dramática y peligrosa de emigrantes en cayucos está en evidencia mediática permanentemente, y la muy importante entrada por “Barajas”, aunque silenciosa y poco visible, hacen que hoy exista la percepción social generalizada de que el movimiento migratorio seguirá creciendo en el futuro. La mayor o menor intensidad en el flujo aumentará o moderará su vertiente más dramática y, por tanto, también mediática.

Para la sociedad un hecho nuevo supone siempre una incertidumbre primaria y el cambio demográfico resultado de la inmigración lo es. Esta primaria incertidumbre crece si la percepción social del impacto es desordenada y, aún más, si éste se exagera o se produce alarma hasta provocar la inseguridad. Y la inseguridad es más producto de la acción por parte de algunos desaprensivos, que azuzan el miedo con actitudes provocadoras, xenófobas o alarmistas.

La inmigración es un hecho social nuevo, de cambio, en una España que ha pasado de ser un de país de emigrantes a un país receptor. Cataluña también experimenta un cambio en su tradicional acogida de personas del resto de España, ahora recibe también a extranjeros. La primera respuesta ante el hecho inmigratorio es sin ninguna duda la acogida y la integración. Ésta es la acción prioritaria. En este ámbito es donde el Govern de la Generalitat actúa y actúa bien junto a la Administración local. Lo muestran sus acciones en la mejora de la acción pública en materia de la vivienda y el urbanismo en los barrios de acogida -Ley de Barrios- tanto en las infraestructuras físicas como en la protección social, además de una mejor dotación de recursos en la sanidad y la educación con un importante crecimiento presupuestario; realidades visibles, todas ellas, de la acción pública en Cataluña que amplía y extiende, con más recursos, los derechos de toda la ciudadanía. Estas singulares acciones se amplían con actuaciones específicas en el ámbito de la cultura y de la integración lingüística. La equiparación en derechos y deberes de toda la ciudadanía ha hecho posible el sostenimiento de la convivencia por el momento, permitiendo que ésta se haya mantenido en su equilibrio anterior al impacto migratorio. Queda aún mucho por hacer, pero será necesario insistir en la plena equiparación de derechos y deberes iguales para todos y ello sin pérdida alguna de la calidad de los servicios públicos.

El flujo migratorio

En el campo laboral queda más camino por recorrer. La integración laboral es poco ordenada. Se han dado pasos importantes por el ministro Caldera en materia de normalizaciones o regularizaciones tras las consecuencias desastrosas de la actuación pública del PP en esta materia. Son manifestaciones del desorden laboral: el trabajo precario, la discriminación en salarios y en condiciones de trabajo entre el autóctono y el emigrante y, a veces, su mayor expresión es la sobreexplotación empresarial, hechos, estos últimos, que son consecuencia de la trasgresión de la legalidad por una parte de algunos empresarios sin escrúpulos (pocos pero los hay) y de otra de algunos emigrantes recién llegados poco respetuosos con la legalidad, por desinformación de algunos de ellos: excusable; o por la escasa voluntad de vinculación de algunos emigrantes con la sociedad de acogida: reprobable. Finalmente, en este apartado se ha de convenir que a este desorden laboral contribuye que el flujo migratorio no sea coherente con las oportunidades que ofrece y puede ofrecer nuestro mercado laboral de forma ordenada, pues éste, hoy por hoy, sólo es coherente con relación a la expectativa que ofrece la abundancia de Europa frente a la miseria y falta de oportunidades de África y de algunos países de América Latina.

¿Podemos ordenar el flujo migratorio? Seguro que exhaustivamente no lo puede hacer España sola. Es un reto de la Unión Europea y sólo en ese marco es posible. Pero también constatamos que nuestros servicios de empleo, mediante el diálogo social, pueden desplegar algunas iniciativas de impacto con relación al trabajo temporal de los temporeros, para el conjunto del Estado, utilizando para ello el referente de la colaboración de la Unió de Pagesos con el Servei d’Ocupació de Catalunya y el resto de los actores del campo catalán. También se podrá extender esa experiencia a otros sectores intensivos en trabajo temporal como la hostelería, la construcción y los llamados servicios domiciliarios, aunque, en estos últimos, habrá que esperar a mayor estabilidad económica y a un despliegue más generalizado de la Ley de la Dependencia.

Solo así, actuando de forma permanente e innovadora, podremos comenzar una política de carácter estructural, global e integral, en materia migratoria. Este hecho nos permitirá mejorar los niveles de confianza ciudadana y corregir la percepción actual, que está influida también por la acción de una derecha desaprensiva e irresponsable en estos temas. La sociedad ve las oportunidades y quiere eliminar los obstáculos actuales en los temas migratorios y éste es un reto para nuestra sociedad actual y futura.

Francesc Castellana.
Presidente de la Fundació Utopia - Joan Nepomuceno García-Nieto de estudios sociales del Baix Llobregat.

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Las expulsiones europeas

Matteo Dean (lajornada:18/05/2008)

En un documento aprobado por la Comisión Europea el pasado 28 de abril y presentado por representantes del Partido Popular Europeo, se establecen por primera vez normas comunes para todos los países integrantes de la unión en materia de expulsión de migrantes ilegalmente residentes en ese territorio. Para que la llamada “directiva de retorno” comience a surtir efecto deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo en las próximas semanas. Se menciona la sesión del 21 de mayo como la del día de aprobación, aunque hay quienes sostienen que se pospondrá para junio.

La idea común que sustenta la aprobación de tal normativa reside en la voluntad de unificar por vez primera las normas que regulan este proceso intrínseco de la política migratoria de cada país, ya que hasta la fecha cada nación aplica modalidades y tiempos en algunos casos muy distintos entre sí. Un ejemplo es la detención en los llamados “centros de permanencia temporáneos” (CPT), que varía según el país: 40 días máximo en España, 60 en Italia y año y medio en Alemania.

En la directiva se abordan tres aspectos fundamentales que vale la pena resumir. El primero se refiere a los tiempos y modalidades de expulsión: la Unión Europea (UE) pretende uniformar los tiempos de detención en los CPT hasta en 12 meses, con posibilidad de una ampliación de seis; asimismo, ofrece “la expulsión en dos tiempos”: primero un aviso, que si no es cumplido pasa a la deportación forzada. El segundo comprende la introducción a escala continental –hasta ahora pocos países la aplican– de la prohibición de regreso a la UE en los siguientes cinco años de realizada la expulsión. Finalmente, se introduce la posibilidad de tratamiento igual para adultos y menores de edad no acompañados.

Las reacciones no se han hecho esperar y decenas de organizaciones de la sociedad civil europea y migrante, así como numerosos diputados del Parlamento continental, han realizado fundamentadas críticas a la intención de aplicar políticas represivas contra el fenómeno migratorio que se presenta en el viejo continente. Si bien es cierto que proporcionalmente a su población la UE es el territorio que más recibe migrantes –2 millones al año, de los cuales casi la mitad serían irregulares–, también lo es que la única respuesta que ofrece es la represión. Una primera impresión es que no se salva nada de esa propuesta. Cabe mencionar el oprobio que significan los tiempos de detención en los CPT. Ya de por sí tales detenciones, en la mayoría de los casos, siguen siendo práctica ilegal –pues aun en muchos países la estancia indocumentada no es delito penal.

Con la directiva propuesta se determinan tiempos tan largos que harán todo, menos resolver el creciente problema de los suicidios, las revueltas, los hacinamientos que cada día llenan no las primeras planas de los periódicos, sino las conciencias de quienes los gestionan. Y luego la equiparación de tratamiento como delincuente entre adultos y menores de edad, que revela absoluta insensibilidad sobre el tema de los migrantes “jóvenes”. Finalmente, la introducción de la punición y el premio: no sólo te expulso, sino que te condeno a no regresar durante los próximos cinco años, pero si te portas bien al momento de la expulsión, quizás te reduzca este castigo suplementario.

Sin embargo, hay dos elementos de orden más general que denuncian la criminal visión europea sobre el fenómeno migratorio. Ante todo hay que considerar el triste hecho de que la UE no ha podido ni puede ponerse de acuerdo o, mejor dicho, uniformar sus normas acerca de los aspectos represivos, cediendo otra vez a las presiones de los gobiernos conservadores del continente, el francés y el italiano, sobre todo.

La única normativa común es la que se ocupa de prevenir la llegada de migrantes irregulares a la UE, con la experiencia poco exitosa de la agencia Frontex. Con la nueva directiva, la UE quiere una normatividad común también acerca de las expulsiones. Cada día está más lejos la posibilidad de encontrar leyes y reglamentos comunes para la estancia en el territorio. En esto sí, cada quien por su cuenta.

Y lo que debe sorprender aún más –aunque por desgracia la UE está dejando de sorprendernos en éste y otros temas– es el hecho de que la unificación normativa, principio que está en la base de esta propuesta, en lugar de buscar un acuerdo elevando los estándares sobre los derechos y garantías de los ciudadanos migrantes, toma como punto común los peores aspectos de cada legislación –incluidas las no europeas: los 18 meses máximos de detención eran un límite ya criticado que hoy se quiere imponer a todos; la detención de menores de edad, existente en países extraeuropeos, hoy se quiere practicar en el viejo continente, y la prohibición del regreso por tiempo determinado era cosa que en Europa no se conocía.

De ser aprobada en forma definitiva la propuesta, denuncian que se correrá el riesgo de asistir a la expulsión de 8 millones de personas de la UE en pocos años. Una verdadera limpieza racial.

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Nuevo método de exclusión laboral

Los seis grandes buscadores de trabajo 'on line' publicitan más de 80 puestos solo para españoles. Los sindicatos y las asociaciones de inmigrantes denuncian que "este tipo de selección es ilegal"


DAVID PLACER / ANTONIO BAQUERO( el Periódico.com: 19-05-2008) - Extranjeros abstenerse. Ese es el mensaje que, cada vez con mayor frecuencia, aparece en las ofertas de trabajo colgadas en portales de empleo de internet en las que se excluye a los inmigrantes, pues se establece como requisito imprescindible que el solicitante tenga la nacionalidad española. Estas acciones discriminatorias, donde la nacionalidad se antepone a los estudios y a la experiencia profesional, no son aisladas. Las cinco principales agencias de empleo on line en España (Infojobs.net, Trabajar.com, Loquo.com, Laboris.net y Mounster.com) tenían ayer al menos 81 ofertas de trabajo en las que se exigía como requisito imprescindible ser español. Además, varias empresas de recursos humanos que ofrecen trabajadores en sectores como la hostelería se jactan de que su personal es "solo español".

Algunas de esas ofertas avisan de que los aspirantes que no disponen de la nacionalidad española no tienen prácticamente ninguna posibilidad. "Los demás currículos no serán leídos" o "se descartarán automáticamente", añade en su anuncio un restaurante de Platja d'Aro.

La tendencia discriminatoria la llevan a cabo empresas de todo el territorio español y también de todo tipo de sectores. Así, los inmigrantes no son bienvenidos para cubrir plazas de peones, carretilleros, mozos de almacén, comerciales, electricistas, dependientes, montadores, examinadores de patentes, peluqueras, esteticistas, vendedores, jefes de cocina, rotulistas, contables, puericultoras, encargados de sidrería, camareros, dependientes de panadería, ingenieros técnicos, enfermeras, teleoperadores, cerrajeros, instaladores de ADSL...

PRINCIPIO DE IGUALDAD

"Este tipo de ofertas son ilegales, pues violan el principio de no discriminación y de igualdad", señala el secretario de inmigración de Comisiones Obreras en Catalunya, Gassán Saliba, quien asegura que esas demandas de empleo incumplen la ley 62/2003. Esta establece: "Los sistemas de selección, contratación, promoción y formación para acceder a un puesto de trabajo vacante o de nueva creación han de seguir pruebas y criterios objetivos en relación a los requerimientos del puesto de trabajo, de manera que en los perfiles exigidos no influya la cultura de procedencia, la etnia o la raza de la persona".

El responsable de CCOO avanzó que su sindicato exigirá a la Inspección de Trabajo medidas contra este tipo de discriminación. Por su parte, las asociaciones de inmigrantes señalan que la exclusión de extranjeros comenzó en el área de vigilancia y seguridad y se ha expandido al telemárketing y la hostelería, dos sectores tradicionalmente dominados por mano de obra foránea.

"Es una situación escandalosa en la que la Administración debería intervenir", afirma Laura Rojas, la presidenta de Fasamcat, una federación de entidades latinoamericanas. La abogada especializada en extranjería Dulce María Anchundia, por su parte, ha denunciado varios casos de inmigrantes rechazados para conseguir empleo. "Una panadería de Mataró no aceptó a una dependienta colombiana por ser negra", cuenta Anchundia.

INSPECCIÓN ALEATORIA

Huma Jamsed, una paquistaní de 42 años, dice haber sentido esa discriminación en su propia piel. "Tengo un doctorado en Química por la Universidad Complutense, que aprobé con sobresaliente. He dejado currículos en muchas empresas y ninguna me ha llamado. Creo que la razón es que soy discriminada por mi origen", explica apenada.

Fuentes de Infojobs, el principal portal de empleo español, aseguran que cuentan con un departamento que examina de forma aleatoria las ofertas recibidas en busca de aquellas con contenido discriminatorio o sexista. "Si se detecta alguna con ese contenido, se pide a la empresa que la ha puesto que la modifique. Y si no lo hace, nosotros mismos retiramos el anuncio", explican, pero también afirman que no pueden inspeccionarlas todas. "En abril recibimos 70.000 y es difícil chequear de la primera a la última", añaden.

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"Mejor si eres español"

elperiodico.com: 17/5/2008 NUEVO MÉTODO DE EXCLUSIÓN LABORAL|LOS MOTIVOS

UN PERIODISTA DE ESTE DIARIO SE HIZO PASAR POR UN INMIGRANTE CON PERMISO DE TRABAJO QUE OPTABA A UN EMPLEO EN EL QUE SE EXIGE NACIONALIDAD ESPAÑOLA. ESTAS FUERON ALGUNAS DE LAS RESPUESTAS OBTENIDAS:

CAMARERO--Buenos días. Llamo por el anuncio de camarero. Soy inmigrante y solo tengo permiso de trabajo. ¿Puedo enviar el currículo?
--Todos en la cocina somos españoles y la dueña prefiere a un español. No es por nada, pero así nos sentimos más cómodos. Aquí han trabajado muchos extranjeros y les hemos hecho papeles. Pero ya no queremos problemas de inspecciones porque estamos a pie de carretera y vienen mucho. Mejor si eres español.
--Pero yo tengo papeles.
--Sí, pero te voy a ser sincero. La verdad, preferimos a una chica.

COMERCIAL--Hola. Llamo por el anuncio de comercial. ¿Puedo enviar el currículo aunque no sea español?
--No sé, creo que es difícil.
--¿Por qué?
--Es que no es por mí. Es lo que piden los jefes.
--Pero yo tengo los papeles en regla y permiso de trabajo.
--Ya, pero aún así es difícil. Déjame tu número, a ver...

ELECTRICISTA--Estoy interesado en el puesto de electricista. ¿Les puedo enviar mi currículo aunque no sea español?
--A ver, te explico. Es que nuestro cliente es el Ministerio del Interior. No es por nosotros. Son ellos los que exigen que las instalaciones las hagan españoles. Son espacios de defensa y no puede entrar nadie que no sea español. Así que no te podemos coger.

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Las remesas de los inmigrantes duplican la ayuda al desarrollo

Burocracia e intereses varios restan eficacia a la ayuda al desarrollo. El dinero de los inmigrantes genera más bienestar.

Enmanuel Teteeh observa cómo su país, Ghana, crece económica y empresarialmente y demanda cada vez más servicios relacionados con internet. Como Enmanuel, que acaba de terminar sus estudios, es aficionado a la informática y un emprendedor nato, crea su propia compañía, que dedica a la elaboración de páginas web para los empresarios y comerciantes de Accra. La demanda se dispara y en apenas un año la empresa de Teteeh cuenta con 22 empleados.

Casi en paralelo a la pujanza del negocio de Teteeh, GTZ, una ONG creada por el Gobierno alemán con el fin de fomentar el desarrollo sostenible, considera que para que las empresas africanas prosperen es necesario conectarlas a internet. Los voluntarios de GTZ regalan páginas web a todas las empresas africanas que lo solicitan. Y la próspera compañía de Teteeh termina quebrando. Sin saberlo, la buena intención de la ONG del Gobierno alemán ha fulminado esta iniciativa africana.

El hecho es relatado en un artículo de opinión en La Vanguardia por Xavier Sala i Martí, economista, profesor y ex consultor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del World Economic Forum, y describe perfectamente la ineficiencia de determinadas ayudas de los países desarrollados, bienintencionadas y con un diagnóstico acertado, pero con un efecto nulo e incluso negativo para esas naciones.

Dinero de ida... ¿y vuelta?
En 2007, los 4,4 millones de inmigrantes que residen en España enviaron a sus países de origen más de 8.100 millones de euros (1,3 millones de las antiguas pesetas), según el Banco de España. Esto, a través de los conductos oficiales —bancos, remeseras y empresas de giros y envíos—, que cobran desde 3 euros fijos por cualquier envío a comisiones del 6%. Otras entidades, como Dinero Express —la remesera del BBVA—, realizan los giros gratis con la única condición de tener domiciliada la nómina en el banco.

La otra vía, cada vez más utilizada, son los envíos de dinero fuera de los conductos más o menos oficiales, realizados a través de correspondencia o por medio de compatriotas que viajan al país de origen. Un mínimo de 3.000 millones de euros podrían abandonar España por esta vía, según aseguraba hace unos días la directora general de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, Milagros Hernando. Países como Colombia o Bolivia cobran un impuesto del 0,4% y el 1% de las remesas que entran en el país; una medida con un gran impacto recaudador, pero que frena los envíos controlados a favor de los informales.

Las remesas que reciben Bolivia y Colombia desde España equivalen al 8,5% del Producto Interior Bruto boliviano y al 1,25% del colombiano, según remesas.org, que apunta que ambos Gobiernos pueden recaudar por esta vía algo más de 6,5 millones de euros anuales.

Mientras tanto, las ayudas al desarrollo de España previstas para 2008 apenas superan la cifra de los 5.000 millones, lo que supone mucho menos de la mitad que los envíos de los inmigrantes.

Pero, ¿qué impacto tienen las remesas en la economía de estos países, frente a la ayudas gubernamentales? El ejemplo de Teteeh evidencia la ineficacia de muchas ayudas al desarrollo procedentes de Gobiernos o de ONG oficiales, debido al desconocimiento de las circunstancias reales de los países.

En ocasiones, actúan como freno a iniciativas individuales o se dirigen a ámbitos demasiado amplios e incluso no demandados. Un porcentaje muy importante del dinero que llega por estas vías se diluye en trámites burocráticos y, además, muchas de las inversiones extranjeras están penalizadas con el pago de intereses y dividendos.

Mientras, las remesas, sin ser un medio totalmente eficaz, generan consumo, inversión y bienestar; beneficios que en principio disfruta el ámbito familiar del inmigrante y que luego trascienden a la comunidad. Las cifras son elocuentes: 5 de cada 100 euros que envían los extranjeros a sus países desde España se dedican a la compra de vivienda; el 60% del total de las remesas va al consumo; el resto, al ahorro y la inversión.

Elena y Rosa: cara y cruz

La peruana Elena C. llegó a España a finales de 2006 y trabaja como comercial en la sede en Madrid de un banco estadounidense. Gana 2.000 euros. En este tiempo, ya ha montado dos empresas en Lima: una dedicada a la confección textil y otra al comercio de plata vía internet.

Mientras, su compatriota Rosa F. gana 700 euros trabajando en un comercio y 300 más como empleada en una empresa de limpieza, que no la tiene dada de alta en la Seguridad Social. Manda 350 euros mensuales para mantener a su familia, en la que no trabaja ningún miembro. Rosa vive con el dinero muy justo en Madrid, mientras su familia lo hace razonablemente bien en Lima, admite. Ellos reciben dinero en euros y pagan en soles —4 soles son igual a 1 euro—.

Elena y Rosa. Dos realidades que esconde el trabajo del inmigrante y el envío de sus remesas y el efecto real en la economía de sus países.

Enrique Morales (La Gaceta, 17/04/2008)

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Hola, me alegra que me visites





El yacimiento de Uruk (Warka: Irak) está ligado a los inicios de la escritura, la cual, según las investigaciones se vincula con la economía. Gracias a las migraciones, a la comunicación y al esfuerzo de muchos seres humanos 5.300 años después de que se escribiera en las tablillas de arcilla encontradas en Uruk, las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación posibilitan la creación de “blogs”.



En esta sección incluiré recursos relacionados con las migraciones, destacando aquellos localizados en Sagunto y proximidades.



La emigración es buen ejemplo de los cambios en la condición de las personas según el contexto en el que se encuentran. A menudo pueden emigrar no las personas más excluidas, ni las más pobres de una determinada zona, sino quienes han tenido una formación, tienen habilidades que ejercen en su país y muy frecuentemente tienen lazos con emigrantes anteriores (cadena migratoria). En cambio, desde una perspectiva internacional y desde el punto de vista del país de acogida son consideradas pobres y a menudo excluidas. Cuando llegan muy probablemente se encuentran en una situación de precariedad (en relación con el nivel de vida del país) y casi seguro de exclusión, puesto que no dominan ni su lengua, ni sus costumbres, ni sus mecanismos relacionales y sus códigos culturales.

El paro de los inmigrantes en la construcción sube el 52%

• Uno de cada dos nuevos parados registrados hasta octubre es extranjero

• Los albañiles foráneos sufren más la desaceleración por la baja cualificación


La desaceleración de la construcción ya tiene sus primeras víctimas laborales: los inmigrantes. Los extranjeros empleados en el ladrillo en España han sufrido con mucha más dureza el aumento del paro en el sector. Entre octubre del 2006 y el mismo mes de este año, se ha registrado un 52% más de foráneos que han perdido el empleo. De hecho, uno de cada dos nuevos parados registrados durante el último año es inmigrante.

El incremento de parados no españoles registrados en las oficinas de empleo es muy superior al conjunto de la construcción, en el que el paro aumentó un 12% en el mismo periodo con 26.980 nuevos demandantes de trabajo. De esa cantidad, casi 14.000, es decir, más de la mitad, son inmigrantes.

La especial concentración de extranjeros como peones en las obras ha convertido al colectivo en el eslabón más débil del sector, según las centrales sindicales. Los 392.000 inmigrantes que trabajan en la construcción suponen el 20,5% de los 1,9 millones de asalariados del sector.

Esta situación preocupa mucho a los sindicatos. Gasán Saliba, secretario de Inmigración de CCOO en Catalunya, señala que lo que ocurre es "el fruto del modelo de crecimiento que ha tenido España en estos últimos años, basado en la concentración de mano de obra intensiva, con condiciones laborales pésimas".

La construcción ha utilizado al máximo a gente "pagando salarios muy bajos" y sin dar ninguna atención "ni a la formación como profesionales ni a la seguridad en el trabajo". Para este responsable sindical, la solución es "formar a todos estos inmigrantes para que puedan cambiar de sector productivo".

Para el secretario de Inmigración de UGT, Kader Slimani, "cuando una crisis llega a un sector económico, sea el que sea, los que más lo sufren son siempre los inmigrantes". No obstante, destaca que algunas pequeñas empresas de albañiles marroquís "están consiguiendo sobrellevar bien la crisis a base de ajustar mucho los presupuestos".

CAÍDA GENERAL

Pero la desaceleración no ha hecho más que empezar, según Narciso Riera, responsable de construcción de UGT, que prevé un descenso de los ocupados del sector en Catalunya desde los 240.000 actuales a una cifra más "normalizada" de 190.000. Además del aumento del paro, el sindicalista pronostica que el aterrizaje suave de la edificación aumentará las quiebras de pequeñas empresas subcontratistas en las que a menudo un autónomo español tiene hasta 20 inmigrantes de escasa cualificación.
José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), no oculta su preocupación por los efectos en el desempleo de un sector "que se ha parado mucho más rápido de lo que se preveía". Este economista sostiene que "esa labor de formación para permitir a los inmigrantes cambiar de sector debería de haberse empezado hace dos años. No es algo que se haga de la noche a la mañana".

García Montalvo señala que, en EEUU, la mano de obra inmigrante expulsada de la construcción fue absorbida por la agricultura, en pleno crecimiento por el fenómeno del biodiésel. "En cambio, no veo en España ningún sector económico capaz de absorber a todos los inmigrantes que se van a quedar en paro en la construcción".

SAMUEL ARANDA ANTONIO BAQUERO / ANTONI FUENTES BARCELONA
(El Periódico de Catalunya, 25/11/2007)




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